La Corte Suprema resolvió por unanimidad que el juez federal Daniel Rafecas investigue la causa por la compra de una propiedad en Villa Rosa, partido de Pilar. Con esa decisión, dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había asignado el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
El expediente busca determinar si la adquisición del inmueble formó parte de una presunta maniobra de lavado de activos. La investigación comenzó con señalamientos contra Luciana Pantano y Ana Conte, a quienes se atribuye haber comprado la propiedad mediante Real Central SRL sin contar, presuntamente, con recursos suficientes para afrontar la operación. La Corte cuestionó el cambio de jurisdicción dispuesto por Casación: sostuvo que afectó la garantía del juez natural y que el tribunal no examinó los argumentos de la fiscalía a favor de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información incorporada a la causa, entre los elementos que se analizan hay documentos sobre presuntos pagos de la AFA a Real Central SRL, cédulas azules de vehículos de lujo hallados en la quinta y registros de una tarjeta corporativa de la entidad que habría sido usada para pagar peajes de esos autos. También se encontraron cuadros con referencias a Pablo Toviggino. Los investigadores deben establecer si Pantano y Conte son las propietarias reales o si actuaron como presuntas testaferros de otros dirigentes.
El expediente incorporó además documentación de otras investigaciones vinculadas con la AFA, entre ellas una sobre fondos en el exterior mediante una empresa de Javier Faroni y otra relacionada con Sur Finanzas. Rafecas deberá determinar quién está detrás de la propiedad y si existió lavado de activos. La resolución de la Corte define qué juzgado continuará con la investigación, pero no establece responsabilidades ni confirma que se haya cometido un delito.
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