Dudas en España: ¿Podrán votar quienes hayan obtenido la ciudadanía por la ley de nietos?

Un nuevo conflicto político se ha abierto en España con miras a las elecciones previstas para 2027, según confirmó el presidente Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo emitió una medida cautelar que suspende la inscripción en el padrón electoral de quienes obtuvieron la ciudadanía española por ser descendientes de españoles exiliados durante el franquismo, pero que no puedan acreditar ser hijos o nietos de dichas personas.

Esta resolución afecta la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de miles de ciudadanos cuyos antepasados huyeron del país debido a persecuciones o represiones políticas. Según datos oficiales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, 2,4 millones de descendientes de españoles solicitaron cita en consulados de España, y 1,2 millones iniciaron el trámite para obtener la nacionalidad.

El 40% de estas solicitudes proviene de Argentina. Hasta marzo, fueron aprobadas 544.722 solicitudes de ciudadanía, de las cuales 306.000 personas ya fueron inscritas en el CERA.

El presidente Pedro Sánchez se manifestó en contra de la resolución del Tribunal Supremo y afirmó en una entrevista televisiva que “no queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sino ciudadanos todos de primera, con los mismos derechos y derecho al voto”. Estas declaraciones fueron parte de su respuesta al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien lo acusó de intentar manipular el censo electoral mediante la llamada “ley de nietos”, formalmente conocida como ley de memoria democrática.

La acción legal ante la Justicia fue promovida por Vox y el partido Iustitia Europa, quienes argumentaron que el aumento en el CERA por esta vía se produjo de manera “anómala” e incluso “ilegal”. Según el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, en los últimos dos meses el padrón de residentes en el exterior aumentó en más de 29.000 personas y acumuló 403.466 nuevos inscritos desde 2023, muchos sin arraigo comprobable con sus padres o abuelos.

La ley de memoria democrática, vigente desde 2022, amplió los requisitos para obtener la nacionalidad española. En su disposición octava establece que pueden optar a la ciudadanía aquellos nacidos fuera de España, descendientes de españoles que hayan perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio forzado por razones políticas, ideológicas o relacionadas con orientación sexual o identidad de género. También contempla a descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros, en el periodo anterior a la Constitución de 1978.

Sánchez defendió la ley enfatizando que busca reconocer los derechos de nietos y nietas de exiliados durante la dictadura y la Guerra Civil española, y recuperar el legado de la Segunda República. Asimismo, recordó que esta legislación estuvo vigente durante las elecciones generales de 2023, cuando el Partido Popular ganó el voto exterior, y cuestionó el cambio de posición actual de ese partido frente a la norma.

El presidente advirtió, además, sobre una tendencia común entre la ultraderecha y una derecha cada vez más extremada a cuestionar los regímenes democráticos en España.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó en una entrevista con Clarín su preocupación ante el rechazo de la derecha y ultraderecha a la ley en 2022, y señaló que ambos sectores anunciaron su intención de derogarla si llegaran a gobernar, algo que consideró una “verdadera amenaza”. Torres alertó que, en caso de derogación, todas las solicitudes pendientes de ciudadanía quedarían en un limbo, y esas peticiones serían anuladas.