El Gobierno denunció a Thales, contratista de las Fuerzas Armadas, por vuelos sin permiso a Malvinas y pidió decomisar el avión

El Gobierno denunció ante la Justicia federal a la multinacional de defensa y ciberseguridad Thales por presuntos vuelos ilegales de uno de sus aviones entre Chile y las islas Malvinas, y pidió el decomiso de la aeronave. La empresa, que también le provee tecnología militar al Reino Unido, es además un importante contratista de las Fuerzas Armadas argentinas, y el Ejecutivo evalúa nuevas sanciones en su contra.

La denuncia fue presentada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, ante el juez federal Sebastián Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. El fiscal ya le pidió más información a la ANAC.

Según la presentación, los vuelos se hicieron el 19 y el 24 de septiembre con un avión de matrícula británica G-FPLD, propiedad de Thales. El primero partió de Punta Arenas hacia las islas y el segundo hizo el recorrido inverso cinco días después. En ninguno de los dos casos la empresa habría pedido autorización a las autoridades aeronáuticas argentinas, a pesar de que la ANAC le había advertido de antemano que esas operaciones no estaban permitidas.

«Las operaciones fueron realizadas sin haber sido informadas a la autoridad aeronáutica ni haberse tramitado el permiso correspondiente», sostiene el escrito. La calificación provisoria incluye presuntas infracciones al artículo 190 del Código Penal, sobre la seguridad de las aeronaves, y al artículo 223 del Código Aeronáutico, que castiga el cruce clandestino o malicioso de fronteras. De manera subsidiaria, también se menciona el artículo 194, que sanciona a quienes entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes.

La causa podría tomar una dimensión mayor. El Gobierno planteó una posible vinculación de esos vuelos con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en Malvinas, prohibidas por la ley 26.659. En ese caso, se podrían investigar también infracciones al Código Aduanero y delitos como asociación ilícita y lavado de activos. Por ahora, sin embargo, no se comprobó que el avión haya participado de esas actividades.

Thales tiene contratos con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y el Renaper, y al mismo tiempo brinda apoyo técnico a la base británica de Mount Pleasant, desde donde operan los cazas Eurofighter Typhoon que custodian las islas. Consultada, la filial argentina de la empresa confirmó que el avión es de su propiedad. El pedido de decomiso deberá ser evaluado por la Justicia según los delitos que eventualmente se comprueben.